Hora de Abrir el Gobierno: Parte I

Esperemos que te pompee ya que muchos de los escándalos que están ocurriendo tienen que ver con el gobierno cerrado con el que contamos, desde la ley hasta la práctica.

Durante los últimos días del famoso verano boricua del año pasado, y a pesar de las múltiples críticas y preocupaciones expresadas por diversas organizaciones que trabajan para ejercer y proteger el derecho constitucional a la información pública, Ricardo Rosselló, aprobó la ahora Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley número 141-2019) y la Ley de Datos Abiertos (Ley número 122-2019).  Y a casi un año de la aprobación de ambas leyes, nos alarma la implementación de las mismas, observando una creciente dificultad para accesar cualquier tipo de información pública, lo que obliga a muchos ciudadanos a renunciar a su derecho constitucional o tener que incurrir gastos exorbitantes para ejercerlo a través de las cortes.

Peor aún, el secretismo con el que se está manejando la pandemia, imposibilita el obtener datos públicos, desarrollar una opinión informada, y participar de los procesos de gobierno. Las vistas públicas de las últimas semanas sobre el contrato de las pruebas rápidas, la inconsistencia de la data sobre las pruebas y los resultados, la carencia de información sobre el uso de los fondos asignados, todos evidencian la falta de transparencia, una variable indispensable en la ecuación de una respuesta gubernamental responsable y eficiente.

Es en este contexto que la Red de Transparencia (cuya portavocía la ejerce nuestra co-creadora y fundadora de Sembrando Sentido) le hace un acercamiento al Dr. Toby Mendel, Director Ejecutivo del Center for Law and Democracy, una organización internacional de derechos humanos que proporciona experiencia legal y de desarrollo de capacidades con respecto al derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a participar, y los derechos de reunión y asociación. Nuestra intención fue la de solicitarle al Centro llevar a cabo un análisis de ambas leyes, basado en la metodología del índice de RTI (right to information/derecho a la información).

Bajo esta metodología, quedamos en el puesto 87 de 128 países, o en el tercio menos favorable de los países evaluados e incluidos en el Índice, colocándonos al lado de Níger, China y Marruecos. Por consiguiente, el estudio confirma la posición tan débil que ha entablado este nuevo marco legal de TRAMPArencia, y que en la práctica obstaculiza nuestro derecho constitucional a la información.

Pero antes de presentarte los resultados y soluciones, imploramos que repasen lo que significa un gobierno abierto y por qué es importante, y recordar que tenemos un derecho CONSTITUCIONAL a la información pública que va por encima de cualquier ley. Con este fin, las próximas partes refrescaran nuestro conocimiento sobre la importancia del gobierno abierto y nuestro derecho constitucional a la información pública. ¡Pendiente!